Introducción

El auge mundial de la industria de centros de datos, detonado por las demandas asociadas con la creciente inversión en el desarrollo y despliegue de sistemas de IA a nivel global, presenta configuraciones específicas en los contextos locales. En particular, en el mundo mayoritario, estas fuerzas geopolíticas se cruzan con dinámicas territoriales históricas. Querétaro es un ejemplo paradigmático de cómo estas dinámicas reflejan tensiones entre diversos actores: por una parte, corporativos y gubernamentales y, por otra, las comunidades habitantes de estos territorios–en particular los pueblos originarios y comunidades campesinas– y la sociedad civil organizada.

Los procesos y mecanismos de despojo de los bienes comunes asociados con todo el ciclo de vida de la IA reproducen herencias históricas y coloniales también a nivel infraestructural. Por ello, resulta necesario abordar los impactos socioambientales multidimensionales de los centros de datos de manera estructural como parte de una industria emergente asociada con un modelo de desarrollo tecnológico impuesto desde el llamado Norte global.

A partir del análisis del caso de la industria de centros de datos en Querétaro, México, este texto ofrece una crítica ecopolítica, descolonial y feminista, para examinar sus impactos, la continuidad de las formas de despojo, las formas de resistencia comunitaria y la posibilidad de realizar intervenciones desde un marco de derechos humanos y justicia social. El fenómeno de los centros de datos es complejo, y por ello requiere de la exploración de las dimensiones históricas, económicas, geo/políticas, legales, infraestructurales, ambientales, pero también abordar su profundo carácter sociocultural, etno-racial, de género y de clase. Querétaro es un territorio atravesado por una historia colonial de despojo que se extiende hasta hoy (Valverde, 2009; Valdovinos & Romero, 2025).

El impacto de la industria de los centros de datos en el contexto de Querétaro trasciende el consumo intensivo de agua y energía; implica la afectación directa a la posibilidad de subsistencia material y social de poblaciones precarizadas, racializadas y en particular de las mujeres, quienes históricamente han estado en la primera línea de defensa del agua y territorio. Además, significa una amenaza a las cosmovisiones ancestrales de los pueblos originarios, a las formas comunales de gobernanza y propiedad colectiva de la tierra y los bienes comunes.

Aquí proponemos tres miradas para abordar la crisis socioambiental que atraviesa Querétaro: una aproximación ecopolítica, es decir, que reconozca la naturaleza relacional de la infraestructura los centros de datos como resultado de procesos históricos, políticos, económicos y sociales de larga duración y en distintas escalas que van desde las fuerzas geopolíticas hasta las micropolíticas; una perspectiva feminista y descolonial que haga visible las dimensiones del poder y de los impactos diferenciados en las poblaciones a partir de sus características (origen étnico-racial, nivel socioeconómico, nivel educativo, lengua, etc.); y, por último, una perspectiva de incidencia centrada en los derechos humanos y la justicia socioambiental, respetuosa de las cosmovisiones y la autodeterminación de los pueblos, que reconozca el derecho de las generaciones presentes y futuras a una vida digna y a un ambiente sano.

Una mirada ecopolítica, feminista y descolonial a los centros de datos

En los últimos años, el análisis de los impactos socioambientales de los centros de datos se ha orientado principalmente al consumo de agua y la energía. En nuestro caso, proponemos una aproximación que trate de “desenfocar” los centros de datos como objeto de indagación crítica, evitar la fragmentación de las variables ambientales y abordar la multidimensionalidad de los impactos en los territorios situados. Un enfoque socioambiental no puede centrarse únicamente en el consumo intensivo de recursos o fragmentar el análisis.

En México, un país atravesado por la desigualdad, la violencia, el racismo sistémico y la herencia de las lógicas neoliberales, es necesario considerar el contexto económico, político, sociocultural y territorial, y analizar las consecuencias de esta industria para las comunidades específicas como parte de una línea de continuidad histórica del despojo. De no hacerse así, el análisis de los impactos ambientales puede derivar en soluciones simplistas propias del capitalismo verde, que dejarán fuera las causas reales y los efectos duraderos que conlleva el desarrollo de la industria de los centros de datos para las comunidades y los territorios.

El estudio de los impactos debe atender la red de relaciones históricas, políticas, geopolíticas, económicas, socioculturales, atravesadas por las asimetrías de poder que producen efectos diferenciados para las personas que habitan el territorio y que se ven afectadas por la construcción y operación de estas infraestructuras a corto, mediano y largo plazo.

Así, un enfoque ecopolítico plantea la importancia de ubicar las infraestructuras dentro de sus contextos socioecológicos más amplios. Resalta las experiencias vividas por las personas afectadas, las dimensiones históricas del cambio tecnológico y las economías políticas que definen qué infraestructuras se construyen, dónde, para quién y a qué costo. Esta perspectiva implica prestar atención a las posibilidades de resistencia popular y comunitaria que posibilite la reconfiguración sociopolítica e infraestructural del territorio (Ricaurte, 2025).

Si hacemos este recorrido histórico, podemos reconocer que –desde la invasión colonial– en el territorio que hoy ocupa Querétaro, el agua ha estado en el centro de las disputas de poder. Después de cinco siglos, podemos observar que la historia se sigue repitiendo y los mecanismos de despojo no han cambiado de manera sustantiva. Aunque las narrativas se enfocan en la escasez del agua –un elemento que en la cosmología indígena es sagrado– las comunidades no se dejan engañar: la crisis ecosocial –del agua, la vida y el territorio– que enfrenta hoy Querétaro es en realidad es el resultado de siglos de puesta en marcha de múltiples mecanismos que han buscado convertir un bien común en un recurso privado. Por eso, en México, las personas defensoras del agua, la vida y el territorio señalan la raíz del problema: “No es sequía, es saqueo”.

En este contexto, entendemos que el auge mundial de la industria de los centros de datos es la materialización del capitalismo racial (Robinson, 2000) y de un orden colonial-patriarcal (Lugones, 2008) que privilegia los intereses del mercado sobre el bien social que busca la acumulación capitalista a través del despojo. La industria de los centros de datos es una expresión de la colonialidad a través de un modelo neoliberal de desarrollo tecnológico y una visión de sociedad que privilegia a élites locales y transnacionales –masculinas, heteropatriarcales y blancas– a costa de la destrucción de formas de vida de las comunidades feminizadas, racializadas y precarizadas. Por eso insistimos en que las resistencias a estas infraestructuras se encuentran enmarcadas en el contexto de las luchas históricas de las comunidades por la defensa de bienes comunes, el territorio y el agua, así como de formas comunitarias de vida y organización social que se remontan a la era colonial.

Un enfoque descolonial y feminista centrado en los derechos humanos y la justicia socioambiental, busca hacer visible, por una parte, la continuidad histórica del despojo en el marco de los sistemas de violencia capitalista, colonial y patriarcal, que utilizan diversos mecanismos para la acumulación de la riqueza (legales, institucionales, infraestructurales, discursivos, socioculturales, coercitivos, etc.). Por otra, que esas afectaciones tienen una dimensión de género, étnico-racial, de clase, y otras expresiones de la diferencia que impactan directamente en el acceso a derechos específicos. En México, esto implica hacer visibles las realidades complejas de los territorios y las experiencias de los grupos sociales que se movilizan contra los centros de datos dentro de un horizonte histórico más amplio de lucha.

Querétaro: la historia de industrialización y privatización de los bienes comunes

Querétaro, un pequeño estado en el centro-norte de México (Figura 1), tiene un paisaje geográfica y ecológicamente diverso que va desde desiertos a selvas tropicales. El estado es parte del gran valle de México, un territorio que se encontraba habitado desde hace nueve mil años por grupos de pobladores otomíes, purépechas, chichimecas, nómadas y agricultores que se asentaban en los territorios donde pudieran cultivar, trabajar metales, textiles, cazar y ofrecer tributo a los señoríos que gobernaban la región. Usualmente los lugares que ocupaban se encontraban cerca de fuentes de agua.

A partir de la invasión de los colonizadores, los distintos pueblos fueron sometidos o colaboraron en la conquista de los territorios para obtener privilegios. Entre ellos, se encontraban algunos señores otomíes, que habitaron la zona y contribuyeron a desplazar a otros grupos a territorios aledaños. Los colonizadores utilizaron diversos mecanismos para ir paulatinamente acaparando las mejores tierras y las fuentes de agua. Querétaro era un lugar estratégico, puesto que se encontraba en el camino entre las minas de plata de Zacatecas y Guanajuato y la Ciudad de México.

Desde la época colonial se desarrollaron múltiples actividades productivas en la región. En el principio, eran la agricultura, la ganadería y la industria textil. A medida que se expandía la actividad económica, cada industria requería de tierra, infraestructura, tecnología, mano de obra y fuentes de agua. Por ello, los colonizadores crearon instituciones, leyes e infraestructuras para habilitar el acaparamiento y la privatización de la tierra y el agua.

Con la revolución mexicana de 1910 y la subsecuente reforma agraria establecida en la Constitución de 1917, este impulso privatizador de tierras iniciado durante el periodo colonial tuvo una reversión temporal, al incorporar reformas que regresaban a esquemas comunales de propiedad de la tierra con el respectivo acceso a sus fuentes de agua. Sin embargo, a partir del siglo XX, en particular durante la era neoliberal en México, se busca eliminar cualquier obstáculo que frenara el libre mercado, lo que conllevaba la privatización intensiva de los bienes comunes.

Así, Querétaro, tras una larga historia de gobiernos neoliberales, se transformó en un lugar idóneo para la actividad empresarial que ha consolidado su posicionamiento y la acumulación de recursos. En particular, en las últimas dos décadas, se convirtió en polo de desarrollo automotriz, aeroespacial y electrónico, con un énfasis en la creación de parques industriales como espacios habilitadores de la industrialización. En los últimos años, la industria de los centros de datos se ha colocado como un nuevo objeto de la narrativa que consolida la vocación empresarial e industrializadora del gobierno estatal. La llegada acelerada de centros de datos ha intensificado la presión sobre los ecosistemas y ha profundizado patrones históricos de desigualdad y despojo, particularmente en relación con tierras comunales (los ejidos), las áreas protegidas, las fuentes de agua y el acceso a la energía.

Así, en las infraestructuras de los centros de datos se materializa la disputa de fuerzas incompatibles que entran en tensión: por un lado, se encuentran las fuerzas económicas y políticas globales del modelo de desarrollo impulsado por países altamente industrializados y avalada por los organismos internacionales que se articulan con los intereses económicos y políticos locales; por el otro, se encuentran las fuerzas comunitarias del territorio con formas particulares de diferenciación que disputan el modelo hegemónico de desarrollo tecnológico y por tanto, el modelo de mundo que re/produce el libre mercado. En México, esto involucra las formas comunitarias de propiedad de la tierra (ejidos), la gobernanza de los bienes comunes, la organización social comunitaria y las prácticas de sostenimiento de la vida arraigadas en el territorio.

Querétaro: «El valle de los centros de datos»

Querétaro se ha consolidado como el hub principal de centros de datos de México, concentrando el 65% de la capacidad nacional y más del 80% de las inversiones ya concretadas y previstas en próximos años, que según estimaciones conservadoras, a partir de los datos disponibles, podrían ascender a más de 13 mil millones de dólares (Mexico Now, 2023, DCD, 2024, Research and Markets, 2025). El estado de Querétaro alberga 27 proyectos de centros de datos (Figura 1).

De esos, 18 centros se encuentran operativos y con una capacidad estimada de más de 600MW para 2025 (Baxtel, 2025) y al menos 13 son a hiperescala, pertenecientes a las compañías Amazon (AWS), Microsoft, Google, Oracle, ODATA, Equinix (MX3), Digital Realty, CloudHQ, Scala. Otros centros de datos tradicionales se encuentran operados por IBM, KIO Networks, Axtel/Alestra, Equinix (MX1/MX2) (Tabla 1).

Tabla 1. La industria de centros de datos en Querétaro, México¹

Empresa	Proyecto/Sitio	Inversión anunciada (USD)	Superficie(m²)	Capacidad (MW)
ODATA	QR04			24
ODATA	DC QR03 (campus)	$3,000,000,000	275,000	300
ODATA	QR01	$80,000,000	52,350	32
ODATA	QR02		22,373
CloudHQ	QRO Campus (Colón)	$3,400,000,000	253,068	288
Digital Realty/Ascenty QRO1	MEX01		20,000
Digital Realty/Ascenty QRO2	MEX02		23,969	31
Digital Realty/Ascenty QRO3	MEX03		20,000	21
KIO Networks	QRO1		4,108	6
KIO Networks	QRO2		12,917	12
KIO Networks	QRO3	$400,000,000	25,000
ORACLE	Mexico Central MX-Queretaro-1
Equinix	MX1 – Querétaro		10,000
Equinix	MX2-Querétaro		7,400
Equinix	Mexico City 3x-1	$140,000,000		4
AWS (Amazon Web Services)	Región AWS México (Central) – clúster en Querétaro	$5,000,000,000
Microsoft (Azure)	Región México Central – área metropolitana de Querétaro	$1,100,000,000
Google Cloud	Google Cloud Region en Querétaro
Total		USD 13,120,000,000	726185.36	694

México es el segundo mercado de centros de datos después de Brasil, pero debido a su rápido crecimiento, se estima que pronto se acortarán las distancias entre estos países (Mensky et al. 2024). Para 2024, México representó aproximadamente el 2% del mercado global de gestión de activos de centros de datos y se prevé que el mercado nacional alcance los 2,260 millones de dólares para 2030, con una tasa compuesta anual de crecimiento del 13.5% (Expansión, 2025). De acuerdo con la Asociación Mexicana de Centros de Datos se calcula que para 2029 esta industria contribuirá con 5.2% del PIB nacional, equivalente a 73,536 millones de dólares (Expansión, 2025).

Los mecanismos del despojo

La carretera que conecta la Ciudad de México con Querétaro da cuenta de la relación entre industrialización e infraestructura: enormes tráileres circulan sin parar; tanto, que resulta intimidante transitar por ahí. Desde mucho antes de llegar a la ciudad, letreros espectaculares anuncian la venta de inmuebles, terrenos y naves industriales. En el estado, todo parece estar a la venta.

La configuración territorial se halla en un punto de inflexión crítico, en el que la convergencia de procesos históricos de industrialización, presiones demográficas y nuevas formas de acumulación capitalista en el sector tecnológico han generado una crisis socioambiental sin precedentes. El desarrollo actual de centros de datos no es una ruptura, sino la evolución de patrones de industrialización concertados por el Estado y –hasta ahora– por los gobiernos neoliberales. Si bien la historia se puede rastrear hasta la era colonial, es a partir del siglo XIX, que en el estado se consolidó una vocación hacia la inversión extranjera, con la provisión estatal de infraestructura industrial y la explotación de recursos locales para los mercados externos.

Por eso sostenemos que la transformación acelerada de Querétaro en un polo de la industria de centros de datos se explica como resultado de un proceso de despojo de larga duración a través de varios mecanismos que operan por acción y omisión, en el ámbito político-legal, institucional, económico-fiscal, discursivo-narrativo, infraestructural y coercitivo. Así, algunos elementos del complejo entramado del despojo son las políticas neoliberales y las leyes que habilitan la privatización y el libre mercado, la promoción de inversión extranjera directa y la exención de impuestos, la naturaleza de las instituciones, el uso de la infraestructura pública, la opacidad corporativa y gubernamental enmarcada en la narrativa del desarrollo económico y el ejercicio de la fuerza y la coerción policial. En esta sección revisaremos brevemente algunos de esos mecanismos.

Las políticas neoliberales

Las políticas neoliberales implementadas desde 1982 bajo el gobierno de Miguel de la Madrid y luego por Carlos Salinas de Gortari, crearon las condiciones para favorecer el libre mercado. La privatización masiva de empresas estatales, la desregulación financiera y especialmente la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994, encaminaron la economía mexicana hacia la manufactura de exportación y la atracción de inversión extranjera directa. Querétaro desarrolló clústeres automotrices y aeroespaciales que prepararon el terreno para la revolución digital (Gobierno del Estado de Querétaro, 2023). En particular, el sector aeroespacial desarrollado intensivamente desde inicios del siglo, fue crucial para la emergencia de los centros de datos actuales. Con más de 50 empresas aeroespaciales (Bombardier, Safra, FE, Rolls Royce) e inversiones de 292.8 millones (2006-2024), el sector creó infraestructura especializada, fuerza laboral calificada e impulsó marco regulatorios que facilitaron la posterior transición a tecnologías digitales. La Universidad Aeronáutica de Querétaro (2007) y el Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas (2018) representan inversiones estatales en formación técnica que hoy está capitalizando el sector tecnológico. La construcción del nuevo aeropuerto también responde a la necesidad de facilitar las conexiones con otros mercados (García, 2024).

Así, la rápida industrialización de las últimas décadas creó las condiciones infraestructurales necesarias para que Querétaro emergiera como nodo emergente en la expansión global de centros de datos. Multinacionales como Microsoft, Amazon y Google, así como operadores especializados (KIO Networks, Equinix, Ascenty/Digital Realty, ODATA), han invertido millonarios recursos que se estiman en 12 mil millones de dólares (datos conservadores, ya que muchas de las inversiones no se reportan públicamente), para establecer lo que las autoridades llaman el “valle de centros de datos” o lo que el CEO de Microsoft Satya Nadella bautizó como la “región de IA”. Las narrativas oficiales enmarcan el influjo de capital e infraestructura como crecimiento económico (AM Querétaro, 2023), pero el rápido crecimiento ha detonado profundos conflictos ecológicos, sociales y políticos y ha agravado las disputas históricas por la tierra y el agua.

El posicionamiento de Querétaro como polo de la industria de centros de datos responde a una estrategia pautada por el gobierno estatal liderado por el empresario Mauricio Kuri (2021-2027) del Partido Acción Nacional, para atraer inversión extranjera directa digital mediante exenciones fiscales, permisos acelerados, coinversiones en infraestructura y provisión de tierras para la industria (Caballero, 2024; Estrella, 2024). En los medios, el gobernador hacía alarde de haber visitado Washington, D.C. durante su primera semana de gobierno para convencer a las industrias tecnológicas de instalarse en México: “México es lo que necesitan las empresas americanas”. En paralelo, se ha invertido en el desarrollo de parques industriales, la expansión de la red eléctrica y los sistemas de distribución de agua para operar estas instalaciones (Diario de Querétaro, 2024; Opportimes, 2025).

Por tanto, la política estatal facilita la llegada de centros de datos gracias a procedimientos de permisos simplificados y un apoyo integral en infraestructura. La SEDESU, encabezada por Marco del Prete, actúa como el principal vínculo con el sector empresarial, manejando tanto las inversiones como el impacto ambiental, facilitando la instalación de las empresas: “Querétaro es de los pocos estados a nivel nacional que vincula en una sola dependencia la política económica y la política ambiental” (Ocampo, 2025). La dependencia establece los permisos ambientales que debe cumplir la industria, es decir, centraliza la regulación, agilizando los procesos y a la vez impidiendo la rendición de cuentas.

La dependencia establece los permisos ambientales que debe cumplir la industria, es decir, centraliza la regulación, agilizando los procesos y a la vez impidiendo la rendición de cuentas.

Así, a partir del despliegue de políticas neoliberales favorables al mercado, vemos cómo en el actual impulso a la industria de centros de datos se reproducen los patrones de subordinación en la cadena de valor de la economía global. Mientras la integración de México en el TLCAN/T‑MEC aceleró un modelo de industrialización orientado a la manufactura, convirtiéndonos en “maquiladores” de productos, la industria de los centros de datos nos convierte en maquiladores de la infraestructura para la economía digital. Los datos se almacenan en nuestro territorio con un alto costo social y ambiental, reproduciendo las relaciones de subordinación en la cadena de valor de los datos. Mientras los centros de datos se expanden en territorios periféricos, las ganancias, la gobernanza y el conocimiento permanecen concentrados en unas cuantas compañías, principalmente de Estados Unidos. Es decir, la narrativa de la “ventaja competitiva” de Querétaro en el nearshoring, en realidad refleja la inserción subordinada en cadenas globales de valor, ahora digitalizadas, similares a los esquemas extractivos tradicionales (Brookings Institution, 2024; ECLAC, 2025).

Las leyes

Para habilitar el despojo, las políticas deben estar acompañadas por mecanismos legales. En México, los gobiernos neoliberales desde fines del siglo XX desmantelaron el estado a través de la privatización masiva de empresas nacionales y bienes comunes (telecomunicaciones, energía, petróleo, agua) que permitieron la concentración de capital en manos de distintas corporaciones nacionales y extranjeras.

En el caso del agua, dos leyes son principalmente las que habilitaron la privatización del agua en Querétaro. Por una parte, la Ley de Aguas Nacionales (1992) abrió la puerta a concesiones de explotación de aguas nacionales a personas físicas y morales, públicas y privadas. Por otra, en 2022, el Congreso de Querétaro aprobó la “Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Estado de Querétaro”, que privatiza la operación del servicio mediante concesiones, contratos de obra o asociaciones público‑privadas, con cobro a usuarios y facultades para autorizar proyectos hidráulicos (Ley de Aguas Nacionales, 1992; Ley estatal del agua, 2022). Activistas y personas de la academia han señalado que esta ley carece de armonización con estándares nacionales e internacionales y no se sustenta en diagnósticos actualizados sobre el equilibrio de los acuíferos o la restauración de las cuencas (Aristegui Noticias, 2022; Contralínea, 2024).

En cuanto a la energía, las reformas neoliberales de 1992, 2013 y 2014 abrieron espacios a productores privados y crearon competencia desigual frente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Villegas, 2021). En 2024 se revirtió la figura de “empresas productivas del Estado” y se restituyó a la CFE y a Pemex como entidades públicas, con un plan para expandir generación y transmisión de energía (Presidencia de la República, 2024; El Economista, 2025).

En cuanto a la tenencia de la tierra, la reforma constitucional de 1992 al Artículo 27 puso fin al compromiso posrevolucionario de México con la redistribución agraria, al tiempo que legalizó la privatización de las tierras ejidales, alterando de manera fundamental la relación entre el Estado, el territorio y las comunidades rurales establecida en la Constitución de 1917. La Ley Agraria de 1992 estableció mecanismos específicos que posibilitaron la privatización: el Artículo 56 otorgó a las asambleas ejidales la facultad de determinar el uso de la tierra y realizar el parcelamiento, mientras que los Artículos 81 y 82 establecieron los procedimientos para la adopción del “dominio pleno”, mediante el cual las tierras ejidales podían convertirse en propiedad privada. Esta ley establece que “Los gobiernos federal y estatales estimularán la reconversión, en términos de estructura productiva sustentable, incorporación de cambios tecnológicos, y de procesos que contribuyan a la productividad y competitividad del sector agropecuario, a la seguridad y soberanía alimentarias y al óptimo uso de las tierras mediante apoyos e inversiones complementarias” (Ley Agraria, 1992).

La reforma energética de 2013 también representó una pérdida de derechos comunales de la tierra. Al declarar el petróleo, la minería y la electricidad como sectores de prioridad nacional, los ejidatarios fueron persuadidos para aceptar la intervención del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE) en sus ejidos, con el fin de otorgar títulos de propiedad a cada ejidatario y permitir la venta o el arrendamiento de sus parcelas a corporaciones privadas (Vázquez-García y Sosa-Capistrán, 2021).

La conversión de las tierras comunales o protegidas por su valor ecológico en propiedad privada puede entenderse como un proceso de preparación territorial para la posterior acumulación capitalista.

La infraestructura pública

Otro de los mecanismos del despojo se realiza a través del aprovechamiento de la infraestructura pública para intereses privados. La expansión corporativa se habilita con infraestructura pública puesta al servicio de las corporaciones. Por un lado, mediante exenciones fiscales que merman el erario público; por otro, con inversión directa en energía, agua, vialidades y acceso a tierras para parques industriales donde se instalan los centros. En este esquema, se socializan los costos mientras se privatizan los beneficios.

En el caso de la energía, las proyecciones sectoriales estiman el crecimiento acelerado en inversión en TI y en IA durante 2024–2028, con una demanda energética que podría cuadruplicarse (Calderón, 2024). La administración estatal anunció inversiones sin precedentes en la red eléctrica (líneas de alta tensión, subestaciones) para abastecer la demanda de la industria (Diario de Querétaro, 2024). A nivel federal, el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025–2030 contempla proyectos de generación y transmisión con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como actor central (Presidencia de la República, 2024; El Economista, 2025).

Las instituciones

La subordinación de las instituciones públicas a los intereses de las compañías privadas es otra de las formas en las que se habilita el despojo. En el caso de los centros de datos, son múltiples instituciones las que se encuentran involucradas en el crecimiento de esta industria sin regulación, sin control y sin rendición de cuentas a la ciudadanía.

Por una parte, las instituciones de gobierno responsables en generar los marcos legales para el desarrollo de esta industria. Desde los permisos legales para su instalación, los acuerdos fiscales, el aseguramiento de tierra, el acceso a agua y energía eléctrica. Por ejemplo, además del Gobernador, un actor prominente ha sido la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), que reiteradamente ha desmentido los impactos socioambientales de esta emergente industria y no ha hecho públicas las evaluaciones de impacto ambiental. Por otro lado, la CONAGUA, encargada de la asignación de concesiones de uso de agua y establecer los límites de consumo, obstruye los accesos a la información sobre el consumo específico de estas industrias. La Comisión Federal de Electricidad, responsable de las infraestructuras de la red eléctrica, estableciendo los usos y las condiciones de operación a nivel federal, establece la capacidad que consumo que, por ejemplo, deben tener los parques industriales. En cuanto a la tierra, la Secretaría de la Reforma Agraria y el Registro Nacional Agrario son quienes avalan los procesos de reconversión de tierras.

Las narrativas

“Querétaro se está ubicando en la instalación de nubes de datos por su ubicación estratégica, seguridad y respeto a la inversión”, afirmó el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio del Prete (Estrella, 2024). Querétaro se presenta narrativamente como el estado más conveniente para la inversión extranjera directa. Con una perspectiva neoliberal, el gobierno del panista Mauricio Kuri se ha destacado por habilitar las condiciones legales, institucionales e infraestructurales necesarias para privilegiar al sector empresarial. La inversión extranjera directa es presentada como un indicador de éxito del gobierno (Reynoso, 2025).

Bajo este esquema, los últimos años se han caracterizado por la construcción de narrativas que destacan el desarrollo económico impulsado por las inversiones y el desarrollo de infraestructura. Como hemos mencionado antes, aunque el monto exacto de las inversiones no es público, puesto que algunos montos se mantienen reservados, a partir de los datos publicados este monto se estima –de manera oonservadora– en más de US$13 mil millones.

Con este contexto, se aplaude la llegada de las grandes corporaciones tecnológicas. La presencia de estas empresas, con centros de datos hiperescala,² se ha materializado en Querétaro sobre todo en los últimos tres años. En 2022, ORACLE inició las instalaciones de centros a hiperescala y luego se sucedieron múltiples desarrollos. Microsoft lanzó en 2024 su región “México Central”; Google inauguró su región de nube a fines de 2024 (Figura 2).

AWS anunció inversión multianual con tres zonas de disponibilidad (Microsoft News Center, 2024; DataCenterDynamics, 2024; El Financiero, 2025). Operadores como ODATA y CloudHQ también han consolidado su posición del estado (DataCenterDynamics, 2024; ODATA Colocation, 2025a, 2025b). Según declaraciones de ODATA, el centro de datos inaugurado a inicios de 2025 es el más grande de México.

Sin embargo, en Querétaro, a pesar de estas triunfantes narrativas, el despliegue de esta industria se caracteriza por la opacidad corporativa orquestada con la opacidad gubernamental que ponen en duda la realidad de los tan anunciados beneficios para la sociedad. No existe un registro público y exhaustivo que documente el número, la capacidad, los permisos, las evaluaciones de impacto ambiental, el consumo energético y de agua de los centros de datos. Además, se ocultan al escrutinio público los acuerdos gubernamentales para la exención de impuestos y la cesión de tierras o, incluso, la cantidad real de empleos generados por esta industria. Las proyecciones relativas a la creación de empleos, frecuentemente acompañadas de estimaciones grandilocuentes sobre sus beneficios económicos, carecen hasta el momento de evidencia empírica que las sustente. Y, desafortunadamente, este es un patrón global.

En Querétaro, los centros que se encuentran documentados pertenecen a actores líderes nacionales, regionales y globales, aunque los hiperescaladores no necesariamente están registrados de forma pública. En el caso de Google, la información se mantiene totalmente restringida sobre la inversión, localización y naturaleza del centro hiperescala, “por razones de competitividad”, según las declaraciones públicas. Algunos esfuerzos para documentar estas infraestructuras a nivel global, como el Data Center Map, dependen de contribuciones voluntarias y con frecuencia están incompletas o desactualizadas.

La acumulación por despojo

La industria de los centros de datos se suma a la cadena de procesos de industrialización que han conducido a la actual crisis socioambiental. En esta sección presentamos cómo esta industria tiene impactos en las comunidades a través de la apropiación de los bienes comunes: el agua, la energía, el aire, la tierra.

El agua

“Estamos enfrentando una sequía severa en la ciudad de Querétaro. Es una de las primeras ciudades proyectadas para quedarse sin agua”, relata Teresa Roldán, cofundadora del colectivo Voceras de la Madre Tierra, cuando conversamos sobre la crisis ambiental en el estado. Teresa es una incansable defensora ambiental y de la vida: “He estado defendiendo los árboles, las áreas naturales protegidas, todo en la zona del parque —lo que alguna vez se suponía que sería el Parque Metropolitano— desde 2016”. El proyecto del Parque Metropolitano fue abandonado tras un auge inmobiliario que reclasificó tierras protegidas para que fueran utilizadas en el desarrollo habitacional.

En abril de 2025, el Monitor de Sequía de Conagua indicaba que el 95% del territorio queretano presentaba afectaciones (La Voz de Querétaro, 2025). La crisis del agua está empujando al estado al borde del colapso ambiental y social. Antes de la colonización, el territorio que hoy ocupa Querétaro era reconocido por sus ríos y manantiales. Sin embargo, desde la invasión colonial, la tierra y el agua han sido objeto de disputa. Desde entonces, las decisiones sobre el acceso a la tierra y al agua han favorecido a grupos de élite y a intereses industriales en detrimento de las comunidades locales, que han sido desplazadas y despojadas de sus territorios y fuentes de agua (Valverde, 2009). El acueducto construido en la época colonial (1726–1738), símbolo del patrimonio cultural de Querétaro y de su identidad, es la memoria monumental de la relación del territorio con el agua (Figuras 1 y 2). El acueducto se construyó para transportar agua desde el ojo de agua Capulín en San Pedro de la Cañada hacia fuentes de la ciudad que abastecían a las instituciones religiosas y grupos de privilegio (Valdovinos & Romero, 2025). El acueducto, celebrado por ser una imponente obra de ingeniería, en realidad trataba de ocultar la causa de su existencia: la contaminación del río Blanco (hoy Querétaro) por causa de los desechos de los obrajes. Así, mientras se abastecía de agua limpia a la ciudad, a las comunidades indígenas aledañas a la fuente de agua de la Cañada se les dejaba el agua sucia. Resulta una lógica muy similar a la del futuro proyecto El Batán, una propuesta del gobierno para que el agua procesada se use para consumo de las personas mientras que el agua limpia se vaya a los centros de datos.

Como hemos mencionado, en Querétaro existe un histórico despojo hídrico por acumulación, derivado de la imposición de un paradigma extractivista intensificado por la industrialización y la integración regional de América del Norte desde la década de 1990 (Jacobo‑Marín, 2024). El reporte Los millonarios del agua documenta que, a partir de la Ley de Aguas de 1992, aproximadamente 7% de las concesiones usan 70% del volumen de agua (Gómez‑Arias & Moctezuma, 2020). En el estado, un reducido grupo de titulares concentra más de 50 millones de m³ al año, mientras más de 100 mil hogares carecen de acceso a agua entubada (INEGI, 2023; Saavedra Rivera & Martínez Ramos, 2024).

El consumo hídrico de los centros de datos es difícil de cuantificar por la opacidad corporativa y la complejidad metodológica de su medición: debe considerarse tanto el consumo directo, empleado para sistemas de enfriamiento, como el consumo indirecto, asociado a la generación de la electricidad necesaria para operarlos. En contextos con estrés hídrico —como Querétaro— el mismo volumen de agua extraído tiene impactos mayores que los que ocasionaría el mismo consumo en otro contexto menos estresado.

Aunque algunas empresas declaran utilizar sistemas de enfriamiento por aire en sus instalaciones como ODATA (BN Americas, 2025) o estrategias “positivas en agua”, no publican sus datos sobre de Eficiencia de Uso del Agua (WUE, por sus siglas en inglés), además, la verificación independiente está limitada. Otro de los obstáculos que se presenta para el cálculo del consumo de agua, es que desde el gobierno estatal se ha favorecido la instalación de centros de datos en parques industriales. Puesto que la gestión del agua se realiza mediante la transferencia de concesiones otorgadas por CONAGUA y asignaciones dentro de dichos parques, se oculta el volumen total de recursos comprometidos. Además, las autoridades han rechazado solicitudes para transparentar los volúmenes asignados a cada empresa, lo que alimenta la desconfianza pública.

Deberíamos tomar en serio la lección que nos deja el caso de Querétaro. México está experimentando una de las sequías más generalizadas e intensas en décadas. De acuerdo con la CONAGUA, en 2023 alrededor del 80 por ciento del territorio enfrentó condiciones de sequía (Figura 3). La crisis hídrica en Querétaro es una anticipación de lo que se avecina para el país, ya que se prevé que se convierta en uno de los países con mayor estrés hídrico del planeta (World Resources Institute, 2023).

La energía

La demanda energética de los centros de datos es crítica y está directamente relacionada con el consumo indirecto de agua. Querétaro presenta un déficit energético estructural y un crecimiento de demanda superior al promedio nacional, con el sector industrial consumiendo cerca de 70% de la capacidad instalada (Gobierno del Estado de Querétaro, 2023).

Según datos de México Evalúa (2024), el consumo eléctrico en Querétaro creció de 4,923,884 MWh en 2015 a 5,039,836 MW en 2022, con un incremento del 33.59% en el número de usuarios totales. Este crecimiento en la demanda preexistente, sumado a los requerimientos energéticos de los centros de datos, plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema eléctrico estatal (Figura 4).

En Querétaro, la capacidad energética instalada/proyectada reportada se estima en 690MW y se proyecta una necesidad de 1490 MW en los próximos años. Hay que recordar que en México los combustibles fósiles representan casi el 80 por ciento del suministro energético primario (Ministerio de Energía, 2024).

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Centros de Datos, “México dispone de buena conectividad que permiten una latencia mínima, pero necesita de más mano de obra especializada, costos competitivos tanto de energía como de fuentes renovables y un marco regulatorio transparente, simple y estable, así como disponibilidad de más suelo industrial con acceso a energía”, lo que se ha traducido en una política del estado.

Los reportes sobre fallas eléctricas en diversas colonias de Querétaro se han vuelto frecuentes (González, 2025), de 2014 a 203 se registró un incremento de 151% en las fallas (Santoyo, 2023). Junto al problema del agua, estas fallas evidencian la fragilidad del sistema eléctrico estatal. La situación plantea serias interrogantes sobre las prioridades en la distribución de recursos energéticos y la equidad en el acceso a servicios básicos.

Mientras se garantizan suministros estables para las actividades corporativas, las comunidades cercanas enfrentan interrupciones frecuentes y deficiencias en el servicio eléctrico (Diario de Querétaro, 2024). Las promesas de operar los centros de datos con energías renovables requieren un escrutinio riguroso para evitar el greenwashing y evaluar los impactos territoriales y sociales asociados a los proyectos de generación y transmisión necesarios para abastecer estas instalaciones.

El aire

Se ha demostrado que los centros de datos contribuyen a las emisiones y a la contaminación del aire por el uso de combustibles fósiles y el consumo energético. Los generadores diésel de respaldo utilizados por estas instalaciones emiten partículas finas PM₂.₅ y óxidos de nitrógeno (NOₓ), sustancias con efectos adversos comprobados sobre la salud humana, especialmente en zonas periféricas y urbanas donde suelen ubicarse los centros de datos (Gradient Corporation, 2024; ABA, 2024).

Los pronósticos de estos impactos no son halagüeños. A nivel global, se estima que los centros de datos consumen alrededor de 415 TWh globalmente, pero las proyecciones indican que esta cifra podría duplicarse hacia 2030 (IEA, 2025) superando incluso las industrias más contaminantes. En este contexto, frente al auge acelerado de la IA incrementará la demanda energética y, con ella, las emisiones asociadas a su desarrollo, implementación y uso (RMI, 2024).

Si bien no existen estudios locales específicos que cuantifiquen emisiones de PM₂.₅ y NOₓ desde los centros de datos en Querétaro, extrapolando informes internacionales que advierten que las emisiones de generadores de respaldo son relevantes para la calidad del aire y salud humana, resulta plausible que generadores en operación periódica agreguen carga contaminante local significativa. Ya se ha alertado sobre las consecuencias en el ambiente y los riesgos a la salud por la generación de electricidad en el Valle de México con plantas energéticas altamente contaminanes (Energía a Debate, 2017a, 2017b) y aunque existen 5 monitores en la Zona Metropolitana de Querétaro y uno en San Juan del Río, no cubren todas las zonas donde se encuentran instalados los centros de datos en la actualidad. La falta de vigilancia regulatoria (Juárez, 2024). y de un tratamiento diferenciado de los centros de datos como industria refuerza la invisibilidad del tema.

La tierra

La expansión de parques industriales y campus de centros de datos en Querétaro presiona zonas de recarga hídrica y áreas anteriormente destinadas a la conservación ecológica o el uso comunitario, transformando el uso de suelo para la industria y fragmentando los ecosistemas. Esta transformación amenaza no solo la biodiversidad, sino también las formas comunales de vida y los sistemas tradicionales de gobernanza del territorio.

Históricamente, las tierras comunales conocidas como ejidos, establecidas tras la Revolución Mexicana, proporcionaban un marco legal para la propiedad colectiva y la gestión de recursos. Sin embargo, desde las reformas constitucionales de 1992 que permitieron su privatización, desarrolladores corporativos y entidades gubernamentales han apuntado cada vez más a estos terrenos para uso industrial. La política neoliberal que ha fomentado la transformación territorial, en perjuicio de las comunidades y en favor de la industrialización y la industria de los bienes raíces es una de las causas de la crisis ecológica del estado.

Querétaro cuenta con más de 360 ejidos que representan aproximadamente 55% de la tierra cultivada (Código Informativo, 2020), pero en 1992, las reformas constitucionales permitieron la privatización de tierras ejidales han creado vulnerabilidades estructurales para apropiación territorial. Investigaciones periodísticas documentan una "mafia agraria" que explota vulnerabilidades legales para apropiarse de las tierras comunales mediante falsificación de documentos y corrupción notarial (InformativoQ, 2021).

En el caso de Cerro Prieto, una localidad del municipio de El Marqués, la tierra fue expropiada mediante procedimientos legales cuestionables que fabricaron ejidatarios falsos para justificar la venta (EJAtlas, 2022) Casi inmediatamente después de la transferencia, se perforaron pozos, se instalaron tuberías e infraestructura para apoyar futuros desarrollos residenciales e industriales. Activistas que se oponen al despojo de tierras y al desvío de agua han sido criminalizados, torturados y encarcelados bajo acusaciones falsas de invasión de tierras y disturbios públicos.

Como mencionamos previamente, la administración de Mauricio Kuri utiliza diversas herramientas legales para facilitar el acceso corporativo al territorio. Los fideicomisos permiten la obtención de la propiedad de la tierra a cambio de compromisos de inversión, mientras que la integración en parques industriales se aprovecha de infraestructura ya disponible, con zonificación y permisos ambientales previamente aprobados, agilizando el proceso de instalación de los centros de datos.

La superficie reportada que ocupan los centros de datos se estima en 975,079 mil metros cuadrados (suma de predios con metraje publicado). Además, se han autorizado hasta 300 hectáreas para nuevos parques en la región, estratégicamente ubicados en municipios como El Marqués, Colón y San Juan del Río (Galván, 2024). (Figura 5)

En pocos casos es posible documentar los procesos de reconversión de cesión de tierras para la construcción de centros de datos. En la mayoría de los casos, se encuentran invisibilizados ya sea por la sucesión de los distintos momentos en la reconversión o porque se encuentran ocultos por “secreto corporativo”. La organización Micelio Urbano (Cervantes, 2024) documenta la sustitución sistemática de milpas por infraestructura de centros de datos, reorganizando los entornos socio-ecológicos en función de las necesidades de acumulación del capital (Ecoosfera, 2024).

En el caso de CloudHQ, el estado aprobó un fideicomiso que aportó un predio de 518,470 m² –avaluado en ~US$17.7 millones– para un campus de 288 MW, con una inversión estimada en ~US$3.4–4.0 mil millones (Butler, 2023). El caso Digital Realty MEX03 es la evidencia más directa que vincula un centro de datos con una parcela ejidal específica: “Parcela 10 Z-1 P1/1 del Ejido San Vicente”. Esto implica (por ley) que debió existir acta de asamblea aprobando parcelación y, en su caso, adopción de dominio pleno e inscripción en el RAN antes de la enajenación. En Purísima de Cubos hay una cadena documental municipal y estatal (2017–2024) que transforma suelo ejidal en fraccionamiento industrial (“Novotech Aeropuerto”), lo que sugiere procesos de parcelación/dominio pleno.

Los datos sobre si la ocupación de tierras donde se encuentran los centros de datos de Microsoft, Amazon y Google no están disponibles, sin embargo, es posible realizar un ejercicio para hallar indicios de la reconversión de tierras ejidales en el polígono donde se encuentran estos clústeres. La Tabla 2 muestra los instrumentos públicos que revelan qué núcleos ejidales están involucrados en los polígonos donde hoy se concentran los centros de datos en Colón, Querétaro y si existen indicios de adopción de dominio pleno. El dominio pleno es un mecanismo legal mediante el cual una parcela ejidal que originalmente pertenece al núcleo ejidal se convierta en propiedad privada del ejidatario. La parcela deja de pertenecer al régimen ejidal y pasa al derecho civil, lo que permite venderla, arrendarla, hipotecarla, fraccionarla, heredarla, incluirla en una sociedad o usarla como garantía (Ley Agraria, 1992, artículos 81, 82 y 83). A través de este mecanismo se ha habilitado la conversión de las tierras ejidales en propiedad privada. Por esa razón, el seguimiento de los procesos de otorgamiento de dominio pleno pueden servir como indicios de la privatización de tierras puestas a disposición para la industria de centros de datos. Presentamos esta sistematización como una primera aproximación a este eje de análisis; sin embargo, futuros estudios requieren múltiples peticiones de información pública que permitan trazar la ruta de la privatización de la tierra comunal.

Tabla 2. Núcleos ejidales en los polígonos donde se concentran centros de datos en Colón, Querétaro

Núcleo / Parcela	Instrumento (tipo)	Fecha	Qué acredita el instrumento	Relación con centros de datos
Ejido Purísima de Cubos – Parcela 59 Z-1 P1/1 (Clave catastral 05 04 061 66 410 059)	Gaceta Municipal de Colón No. 66, Tomo I (Acuerdo de Cabildo: relotificación/ampliación “Novotech Aeropuerto”; MIA y vistos buenos previos)	17-sep-2024	Ubicación exacta (Camino a San Vicente 949), superficie, historial de permisos (2017–2024), incorporación de etapas del fracc. industrial	Parque industrial donde se han instalado/mercadeado lotes para centros de datos cerca del Aeropuerto Internacional de Querétaro.
Ejido Purísima de Cubos – Parcela 63 Z-1 P1/1 (Clave catastral 05 04 06 166 410 063)	Gaceta Municipal de Colón No. 66, Tomo I (autorización de ampliación – Etapa II “Novotech Aeropuerto”)	17-sep-2024	Incorpora 77,836.55 m²; detalla porcentajes de uso (industrial, vialidades, etc.)	Misma zona de clúster de centros de datos.
Ejido Purísima de Cubos – Parcela 59 Z-1 P1/1	Acta de Cabildo (sesión ordinaria) que antecede a la Gaceta 66	27-ago-2024	Reitera MIA (SEDESU/132/2018), EIU/EIV 2018, autoabasto de agua, uso “Industria ligera”	Sustento administrativo previo
Ejido Purísima de Cubos – Parcela 59 Z-1 P1/1	Gaceta Municipal No. 43, Tomo I (antecedentes)	21-jul-2020	Superficie total 77,874.054 m²; factibilidad eléctrica CFE; autoabasto de agua, etc.	Historial del proyecto industrial que habilita llegada de los centros de datos.
Ejido San Vicente – Parcela 10 Z-1 P1/1	Ficha oficial del sitio “MEX03” (Digital Realty)	s/f (vigente)	Dirección corporativa declara explícitamente “Parcela 10 Z-1 P1/1 del Ejido San Vicente, 76295 Colón”	Vincula un centro de datos operativo con una parcela ejidal específica.
Núcleos en Colón: Purísima de Cubos, Noria de Cubos, San Vicente El Alto	RAN – “Núcleos Agrarios que adoptaron Dominio Pleno (desagregado)”	Documento vigente	Lista de núcleos queretanos con adopción de dominio pleno (base para localizar actas y folios en el RAN)	Indicio de adopción de dominio pleno en los núcleos donde están los parques/centros de datos.
Localización estatal de publicaciones	Índice 2025 del Periódico Oficial La Sombra de Arteaga	2025	Referencias a acuerdos publicados que involucran Parcela 59 y 63 del Ej. Purísima de Cubos	Trazabilidad de los acuerdos en el diario estatal

La defensa históricadel agua, la vida y el territorio

Las luchas por el agua, la vida y el territorio en México evidencian resistencias de larga duración frente a las políticas de despojo y la privatización de los bienes comunes. Estas resistencias se expresan en la defensa activa del derecho a la vida digna y se sostienen en prácticas comunitarias basadas en el cuidado, la reciprocidad y la organización colectiva.

En el país, diversas comunidades han desplegado procesos colectivos de organización local y regional en respuesta al despojo sistemático y a la devastación de sus territorios, recursos hídricos y formas de vida. Estas acciones, que van desde la defensa jurídica y la movilización comunitaria hasta la recuperación de formas ancestrales de gestión del agua, constituyen prácticas de resistencia frente a la racionalidad extractivista impuesta tanto por intereses privados como estatales. Estas iniciativas promueven alternativas autónomas y sustentables que desafían la lógica de mercantilización del agua y el territorio y reivindican su carácter sagrado y comunitario (Moctezuma, 2020).

En el caso del movimiento indígena y campesino, las formas de articulación política demuestran una resistencia sostenida en el tiempo a pesar de la violencia y el despojo sistemático que enfrentan. Por ejemplo, El Congreso Nacional Indígena (CNI), que representa a 523 comunidades pertenecientes a 43 pueblos indígenas en 25 estados, coordina la defensa territorial frente a los megaproyectos y las industrias extractivas (CNI, 2017). El CNI, desde 2022, organiza la Asamblea por el Agua y la Vida, que convoca a los múltiples movimientos en defensa del Agua, la Vida y el Territorio (Figura 6).

En otras iniciativas, la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida surge en 2012 por iniciativa de investigadores, colectivos y activistas como un espacio que conecta las luchas locales de base contra la privatización, la contaminación de los recursos hídricos, los pueblos indígenas y los movimientos populares urbanos a favor del acceso a los recursos de agua y el control local. La Coordinadora ha elaborado y promovido una Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas que confronta directamente el marco jurídico neoliberal vigente. Su propuesta incorpora principios de gestión democrática, justicia distributiva, prioridad del uso comunitario y doméstico, protección integral de cuencas y ecosistemas, así como mecanismos de control social y descentralización. La iniciativa afirma el agua como un derecho humano y un bien común y plantea alternativas concretas a la gestión centralizada y opaca del recurso, poniendo en tela de juicio los intereses corporativos y estatales que se benefician del actual modelo (Moctezuma, 2020).

En Querétaro, tanto los grupos indígenas y campesinos como colectivos y organizaciones de la sociedad civil han emprendido múltiples acciones de resistencia frente a los procesos de despojo del agua y el territorio. Es necesario destacar que la denuncia contra los centros de datos se enmarca en esta lucha de larga duración y que por tanto, hablar de una resistencia específica o exclusiva contra estas infraestructuras sería inapropiado.

Uno de los ejemplos de esta resistencia de larga duración en el territorio es la lucha del pueblo otomí, habitantes del territorio desde antes de la llegada de los colonizadores y que jugaron un papel prominente en la constitución de lo que hoy es Querétaro (Figura 7).

Un caso de la historia reciente que muestra la vigencia de los reclamos del pueblo otomí contra el despojo del agua y el territorio se dio frente a la aprobación de la Ley Estatal de Aguas el 24 de mayo de 2022 por la LX Legislatura de Querétaro que permite concesionar suministro hídrico a empresas privadas por hasta 40 años, lo que la comunidad considera una privatización encubierta (Pie de Página, 2022; Ojalá, 2025). La comunidad respondió con movilizaciones y foros, y denunció que mientras los fraccionamientos y empresas nunca sufrían corte de agua, las colonias populares y la comunidad otomí sí padecían escasez, represión y cobros injustos (Pie de Página, 2022). El 1 de agosto de 2022 un tribunal federal concedió un amparo (907/2022) a favor de la comunidad otomí, al concluir que la Ley de Aguas violentaba derechos indígenas reconocidos por la Constitución (artículos 1, 2, 27) y por tratados internacionales, además de no haber sido consultada con las comunidades afectadas. Sin embargo, tanto CONAGUA como la CEA se mostraron renuentes a cumplir restituciones pactadas (Vázquez Cabal, 2024).

Una de las organizaciones más visibles y activas es Voceras de la Madre Tierra, fundada por Teresa Roldán. Voceras de la Madre Tierra promueve la protección de las zonas de recarga natural, denuncia los despojos ilegales de tierras y documenta la degradación ambiental mediante redes sociales, acción directa y denuncias legales. Roldán y otras activistas han sido excluidas de reuniones públicas donde se toman decisiones sobre infraestructura crítica. En algunos casos, incluso han sido retiradas por la fuerza de instituciones públicas, pese a que existen disposiciones legales que garantizan la participación ciudadana en la gobernanza ambiental.

El movimiento ha sufrido ataques constantes, tanto retóricos como físicos. La propia Teresa Roldán ha sobrevivido a intentos de agresión, y sus aliadas comunitarias en Escolásticas, un pueblo del municipio de Pedro Escobedo, han sido víctimas de detención arbitraria y tortura. En 2023, durante una protesta contra la llamada Ley de Concesiones de Agua, once personas manifestantes fueron arrestadas y golpeadas, y un joven quedó al borde de la parálisis debido a la violencia sufrida. La respuesta del Estado ha sido en gran medida el silencio, incluso después de que Roldán hablara ante la Suprema Corte de Justicia en un foro sobre el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que garantiza a las y los defensores ambientales el derecho a participar en la toma de decisiones ambientales. Pese a la presentación de denuncias formales y recomendaciones de política pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la aceptación oficial de dichas recomendaciones por parte de las autoridades estatales reconociendo las violaciones, hasta ahora ninguna institución federal o estatal ha emitido una respuesta sustantiva. Las acciones de Voceras de la Madre Tierra articulan demandas que combinan derechos humanos (acceso al agua), transparencia gubernamental, regulación corporativa estricta y reconocimiento de soberanía territorial indígena. Su intervención ante la Suprema Corte en julio 2024 marca un precedente de judicialización de conflictos hídrico-tecnológicos en México.

Sin embargo, las acciones sistemáticas de agresión y coerción contra los movimientos de defensa del agua, la vida y del territorio, así como contra las organizaciones ambientalistas, evidencian que las élites económicas y políticas no están dispuestas a ceder fácilmente el acaparamiento de la tierra y el agua. También muestran que estas agresiones están atravesadas por dimensiones de raza, género y estatus social. Quienes suelen estar en la primera línea de defensa son, en su mayoría, mujeres; en el caso de las comunidades, además, son personas pertenecientes a pueblos indígenas que viven en condiciones de precariedad, sin acceso a los derechos básicos. No obstante, la organización social continúa siendo el único mecanismo para denunciar el despojo sistemático que enfrentan las comunidades y las personas que habitan territorios históricamente saqueados desde la colonia, hoy sometidos también a las lógicas del saqueo digital.

Cierre

El caso de Querétaro demuestra que los centros de datos —frecuentemente presentados como indicadores de la digitalización, la modernización y el desarrollo económico— están profundamente entrelazados con historias de despojo territorial, degradación ambiental y colusión entre el Estado y el capital. Su presencia material reconfigura paisajes territorioales y sociales, concentra poder material e informacional y refuerza modos coloniales y capitalistas de acumulación. Las cargas socioambientales resultantes —soportadas de manera desproporcionada por comunidades históricamente marginalizadas— revelan las lógicas profundamente desiguales de las infraestructuras de datos.

Un enfoque ecopolítico insiste en situar las infraestructuras dentro de sus contextos socioecológicos más amplios. Centra las experiencias encarnadas de quienes son afectados por la infraestructura, la multidimensionalidad de los impactos del desarrollo tecnológico y las economías políticas que moldean qué infraestructuras se construyen, dónde, para quiénes y a qué costo. Esta perspectiva exige atención analítica y política tanto a los valores incorporados en el diseño, desarrollo, operación y gobernanza de las infraestructuras, como a las posibilidades de resistencia desde la base y reconfiguración sociopolítica e infraestructural.

A medida que se intensifica la crisis civilizatoria, crece la economía digital y se fortalecen los regímenes autoritarios, se vuelve cada vez más urgente interrogar cómo las infraestructuras median las relaciones sociales, moldeando las condiciones materiales e inmateriales necesarias para sostener la vida. Reimaginar infraestructuras ecopolíticamente implica amplificar prácticas situadas que centren el cuidado, la justicia y la sostenibilidad—y que ya están, de hecho, creando infraestructuras alternativas para la supervivencia. Esto requiere reconocer a las comunidades no como receptoras pasivas del cambio infraestructural, sino como agentes activos en la construcción de futuros infraestructurales dignos.

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Notas

1 ^ Las cifras que existen sobre el estado de la industria son dinámicas, implican numerosas variables y en ocasiones no hay datos o son imprecisos. En este caso, los totales agregados sobre el monto de la inversión (inmediata, a corto, mediano o largo plazo), la superficie ocupada (total y técnica), la capacidad en MW (inicial y final), están calculados a partir de la información publicada en distintos medios. Sin embargo, hay inconsistencias en los datos disponibles, lo que significa que las estimaciones pueden variar. Las cifras que se presentan en este caso son referencias. Los datos faltantes se deben a que las compañías no han hecho pública la información.

2 ^ Un centro de datos a hiperescala es una instalación de gran tamaño, con capacidad para alojar más de 5000 servidores en áreas superiores a 930 m². Estas infraestructuras demandan altos niveles de energía (100 MW o más) y se diseñan con una arquitectura modular y escalable que les permite crecer según la demanda. Incorporan redundancia y automatización crítica para garantizar la continuidad operativa, así como una alta eficiencia e integración tecnológica en sus sistemas de cómputo, red y almacenamiento.